Este fanzine -digitalizado por No Trace Project– presenta un detallado texto de Crimethinc que explora los esfuerzos del FBI por acabar con el movimiento ecologista radical en Estados Unidos a mediados de la década de 2000. Extrae importantes lecciones de la campaña contra el Frente de Liberación de la Tierra (ELF) y de la persecución del entorno anarquista más amplio por parte de las fuerzas del orden a principios de siglo. Se ofrece una visión general del caso, el papel de los informadores y un análisis exhaustivo de las diferentes sentencias recibidas por los acusados que cooperaron y los que no cooperaron.
A finales de 2005, el FBI inició una nueva fase de su asalto a los movimientos de liberación animal y de la Tierra -conocida como el Terror Verde- con la detención y acusación de un gran número de activistas. Esta ofensiva, bautizada como Operación Backfire, pretendía obtener condenas por muchos de los incendios provocados por el Frente de Liberación de la Tierra durante los diez años anteriores, pero, sobre todo, tener un efecto amedrentador sobre todas las acciones ecológicas directas. En el siguiente análisis, publicado originalmente en Rolling Thunder en 2008, repasamos todo lo que podemos aprender de los casos de la Operación Backfire, con la intención de transmitir las lecciones a la próxima generación de activistas ecologistas. De los acusados en la Operación Backfire, nueve acabaron cooperando con el gobierno y delataron a otros con la esperanza de que se redujeran sus condenas: Stanislas Meyerhoff, Kevin Tubbs, Chelsea Dawn Gerlach, Suzanne Savoie, Kendall Tankersley, Jennifer Kolar, Lacey Phillabaum, Darren Thurston y, mucho más tarde, Briana Waters. Cuatro resistieron durante un año aterrador, en el que parecía seguro que acabarían cumpliendo décadas de prisión, hasta que consiguieron llegar a acuerdos en los que podían reclamar la responsabilidad de sus actos sin facilitar información sobre otros: Daniel McGowan, Jonathan Paul, Exile (alias Nathan Block) y Sadie (alias Joyanna Zacher)2. Otro acusado, William Rodgers (alias Avalon), falleció trágicamente en un presunto suicidio mientras se encontraba bajo custodia poco después de su detención. El fugitivo Justin Solondz fue capturado en China en 2009 y cumplió su condena en enero de 2017; Rebecca Rubin se entregó en 2012, tras muchos años huida, y fue condenada a cinco años de prisión. Joseph Dibee fue extraditado de Cuba a Estados Unidos en agosto de 2018 para ser acusado. Se ha acusado a otro acusado más, pero no se ha encontrado. En los meses siguientes al lanzamiento de la Operación Backfire se produjo un aumento sin precedentes de la represión gubernamental contra los activistas ecologistas anarquistas, que llegó a conocerse como el Terror Verde. El veterano activista por la liberación animal Rod Coronado fue acusado de un delito grave por responder a una pregunta durante una intervención, y se enfrentaba a posibles décadas de cárcel. Seis activistas por los derechos de los animales asociados a SHAC, la campaña contra la empresa Huntingdon Life Sciences, dedicada a la experimentación con animales, fueron condenados a varios años de prisión, básicamente por gestionar un sitio web. El activista por la liberación animal Peter Young, que había pasado siete años huyendo del FBI, fue finalmente capturado y amenazado de doble procesamiento. Tre Arrow, famoso por sobrevivir a una caída de 30 metros cuando la policía y los leñadores le obligaron a abandonar una ocupación forestal, luchaba contra la extradición de Canadá a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de incendio provocado. Innumerables personas fueron citadas ante grandes jurados, y algunas cumplieron penas de cárcel por negarse a cooperar. Y lo más inquietante de todo es que un agente provocador tendió una trampa a tres jóvenes, que fueron detenidos acusados de conspiración sin haber hecho nada en realidad. Dos de ellos, Zachary Jenson y Lauren Weiner, se declararon culpables y se convirtieron en informadores del gobierno; el tercero, Eric McDavid, cumplió nueve años de prisión antes de que se anulara su condena cuando finalmente se reconoció que el FBI había ocultado pruebas exculpatorias. A día de hoy, Marius Mason sigue en prisión. Es importante extraer lecciones de esta campaña de represión gubernamental, con el fin de equipar a la próxima generación que tomará la primera línea en la lucha por defender la vida en la Tierra.
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Este fanzine -digitalizado por No Trace Project– presenta un detallado texto de Crimethinc que explora los esfuerzos del FBI por acabar con el movimiento ecologista radical en Estados Unidos a mediados de la década de 2000. Extrae importantes lecciones de la campaña contra el Frente de Liberación de la Tierra (ELF) y de la persecución del entorno anarquista más amplio por parte de las fuerzas del orden a principios de siglo. Se ofrece una visión general del caso, el papel de los informadores y un análisis exhaustivo de las diferentes sentencias recibidas por los acusados que cooperaron y los que no cooperaron.
A finales de 2005, el FBI inició una nueva fase de su asalto a los movimientos de liberación animal y de la Tierra -conocida como el Terror Verde- con la detención y acusación de un gran número de activistas. Esta ofensiva, bautizada como Operación Backfire, pretendía obtener condenas por muchos de los incendios provocados por el Frente de Liberación de la Tierra durante los diez años anteriores, pero, sobre todo, tener un efecto amedrentador sobre todas las acciones ecológicas directas. En el siguiente análisis, publicado originalmente en Rolling Thunder en 2008, repasamos todo lo que podemos aprender de los casos de la Operación Backfire, con la intención de transmitir las lecciones a la próxima generación de activistas ecologistas.
De los acusados en la Operación Backfire, nueve acabaron cooperando con el gobierno y delataron a otros con la esperanza de que se redujeran sus condenas: Stanislas Meyerhoff, Kevin Tubbs, Chelsea Dawn Gerlach, Suzanne Savoie, Kendall Tankersley, Jennifer Kolar, Lacey Phillabaum, Darren Thurston y, mucho más tarde, Briana Waters. Cuatro resistieron durante un año aterrador, en el que parecía seguro que acabarían cumpliendo décadas de prisión, hasta que consiguieron llegar a acuerdos en los que podían reclamar la responsabilidad de sus actos sin facilitar información sobre otros: Daniel McGowan, Jonathan Paul, Exile (alias Nathan Block) y Sadie (alias Joyanna Zacher)2. Otro acusado, William Rodgers (alias Avalon), falleció trágicamente en un presunto suicidio mientras se encontraba bajo custodia poco después de su detención. El fugitivo Justin Solondz fue capturado en China en 2009 y cumplió su condena en enero de 2017; Rebecca Rubin se entregó en 2012, tras muchos años huida, y fue condenada a cinco años de prisión. Joseph Dibee fue extraditado de Cuba a Estados Unidos en agosto de 2018 para ser acusado. Se ha acusado a otro acusado más, pero no se ha encontrado.
En los meses siguientes al lanzamiento de la Operación Backfire se produjo un aumento sin precedentes de la represión gubernamental contra los activistas ecologistas anarquistas, que llegó a conocerse como el Terror Verde. El veterano activista por la liberación animal Rod Coronado fue acusado de un delito grave por responder a una pregunta durante una intervención, y se enfrentaba a posibles décadas de cárcel. Seis activistas por los derechos de los animales asociados a SHAC, la campaña contra la empresa Huntingdon Life Sciences, dedicada a la experimentación con animales, fueron condenados a varios años de prisión, básicamente por gestionar un sitio web. El activista por la liberación animal Peter Young, que había pasado siete años huyendo del FBI, fue finalmente capturado y amenazado de doble procesamiento. Tre Arrow, famoso por sobrevivir a una caída de 30 metros cuando la policía y los leñadores le obligaron a abandonar una ocupación forestal, luchaba contra la extradición de Canadá a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de incendio provocado. Innumerables personas fueron citadas ante grandes jurados, y algunas cumplieron penas de cárcel por negarse a cooperar. Y lo más inquietante de todo es que un agente provocador tendió una trampa a tres jóvenes, que fueron detenidos acusados de conspiración sin haber hecho nada en realidad. Dos de ellos, Zachary Jenson y Lauren Weiner, se declararon culpables y se convirtieron en informadores del gobierno; el tercero, Eric McDavid, cumplió nueve años de prisión antes de que se anulara su condena cuando finalmente se reconoció que el FBI había ocultado pruebas exculpatorias.
A día de hoy, Marius Mason sigue en prisión.
Es importante extraer lecciones de esta campaña de represión gubernamental, con el fin de equipar a la próxima generación que tomará la primera línea en la lucha por defender la vida en la Tierra.